Fue una de las mayores redadas que se hayan visto desde el presidente Donald Trump lanzara su política antiinmigrante al llegar a la Casa Blanca en enero.
Decenas de agentes federales y de la Guardia Nacional, con armas que lanzan balas de goma, gases lacrimógenos y vehículos pesados, llegaron el pasado 10 de julio a una zona agrícola del condado Ventura, al norte de Los Ángeles.
Habían llegado allí para “ejecutar órdenes judiciales”, según dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Pero a la escena pronto le siguió el caos.
Y es que la presencia de los agentes generó alarma y protestas en una región en la que desde hace semanas ha crecido la tensión por las redadas contra indocumentados.
“(Los agentes) llegaron como si fueran a la guerra”, contó un testigo a la cadena Telemundo desde el lugar. “Todos armados, con pistolas grandes, cascos, tanques (latas) de gas”, relató.
Mientras algunos trabajadores trataban de huir, otros arrancaron a protestar y se generó confrontación, según se puede ver en videos difundidos por los propios empleados y activistas en redes sociales.
En medio de la redada, Jaime Alanís, un inmigrante mexicano de 57 años, se comunicó con sus parientes para contarles lo que pasaba. Poco después cayó del techo de un invernadero, asegura la familia.
“Fue perseguido por agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.) y nos dijeron que cayó desde una altura de 30 pies (unos 9 metros)”, señaló su sobrina Yesenia Durán.
En un principio hubo confusión sobre el estado de Alanís, ya que varios medios, citando al sindicato United Farm Workers, informaron el viernes que había fallecido. El sábado por la mañana, sin embargo, su familia informó que seguía conectado a una máquina que lo mantenía con vida, algo que confirmó el Centro Médico del Condado de Ventura. Fue el sábado por la noche cuando fue desconectado.
“Seguimos buscando justicia. Murió a causa de la imprudente redada del ICE. Sufrió una fractura en el cuello y el cráneo… Mi tío Jaime era un granjero inocente y trabajador”, añadió en una petición de apoyo en línea para los gastos de repatriación a México.
El DHS se deslindó de la muerte de Alanís. “Aunque no estaba siendo perseguido por las fuerzas del orden, este individuo subió al techo de un invernadero y cayó desde una altura de 30 pies (unos 9 metros)”, señaló la oficina de prensa en un comunicado.
Los agentes solicitaron ayuda, agrega el comunicado hecho público por el DHS, atribuible a la portavoz Tricia McLaughlin, “para que (Alanís) pudiera ser atendido lo antes posible”.
Pero sus familiares demandan justicia por la muerte del mexicano que, aseguran, era el único sostén de su esposa e hija en el estado mexicano de Michoacán.
La redada masiva
Las redadas tuvieron como blanco dos granjas de Glass House Farms, una de las mayores empresas que cultiva cannabis de venta legal en California.
La llegada masiva de agentes federales generó alerta en una región del estado donde desde hace semanas se vive un ambiente de gran tensión por las acciones contra indocumentados del gobierno de Donald Trump.
El DHS aseguró que entre los objetivos estaba la detención de “extranjeros ilegales” con “cargos criminales”.
Según informó la agencia, los agentes llevaron a cabo dos redadas y detuvieron “al menos a 361” indocumentados en los dos centros de trabajo de Camarillo, un municipio unos 60 kilómetros al norte de Los Ángeles, en el condado de Ventura, y en Carpintería, en el vecino condado de Santa Bárbara.
El DHS también dio a conocer que durante la operación en las instalaciones de Glass House Farms “rescataron” a 14 menores de edad “de lo que parece ser explotación, trabajo infantil forzoso y, potencialmente, trata o tráfico de personas”.
El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, dijo en esa línea que Glass House Farms está ahora bajo investigación por presunta violación de las leyes sobre trabajo infantil.
La empresa negó los señalamientos y aseguró que nunca ha contratado menores a sabiendas de ello.
“Glass House nunca ha violado deliberadamente las prácticas aplicables a la contratación y no emplea ni ha empleado nunca a menores”, declaró la compañía.
Según la leyes que regulan el trabajo infantil y que se pueden consultar en la página del Departamento de Trabajo de EE.UU., la edad mínima para el empleo agrícola es de 14 años fuera del horario escolar y 12 con el consentimiento parental por escrito.
Asimismo, la empresa añadió que fue notificada de órdenes de detención por casos migratorios y de naturalización, que verificó que eran válidas y las acató.
Según las autoridades, más de 500 manifestantes intentaron detener la operación y durante la confrontación en la zona de Camarillo, se grabó a un manifestante aparentemente apuntando a los agentes con una pistola.
El Departamento de Seguridad Nacional informó el viernes que el manifestante disparó contra los agentes del orden y que el FBI ofrecía US$50.000 dólares por información que condujera a su arresto.
La agencia también dio a conocer que cuatro ciudadanos estadounidenses estaban siendo procesados, acusados de agredir o resistirse a los agentes, y que los manifestantes habían dañado vehículos.
Angélica Preciado, una portavoz de California Rural Legal Assistance, le dijo a la agencia Reuters que algunos trabajadores de Glass House Farm estuvieron incomunicados por horas y solo pudieron llamar a sus familiares después de firmar documentos en los que accedían a la deportación voluntaria.
Mientras, colectivos y organizaciones de defensa de migrantes denuncian estas operaciones como acciones que siembran el terror entre la comunidad local.
“Estas acciones federales violentas y crueles aterrorizan a las comunidades estadounidenses, perturban la cadena de suministro alimentario del país, amenazan vidas y separan familias”, declaró por su parte la United Farm Workers, una asociación de trabajadores del campo con sede en California.
“No hay ninguna ciudad, estado o distrito federal en el que sea legal aterrorizar y detener a personas por ser de piel morena y trabajar en la agricultura. Estas redadas deben cesar de inmediato”, reclamó.
El DHS tachó los comentarios de “rotundamente falsos”.
United Farm Workers no es la única organización que ha denunciado arrestos migratorias en base al color de la piel y sin ningún otro fundamento.
Tras una denuncia presentada por una serie de colectivos ante un tribunal de distrito por el caso de unas detenciones en Pasadena, California, la jueza federal Maame Frimpong dictó el viernes dos órdenes de restricción temporales que impiden al DHS arrestar migrantes sospechosos basándose en perfiles raciales y negar a las personas aprehendidas el derecho a hablar con un abogado.
En su fallo, la jueza Frimpong afirmó que existía una “montaña de pruebas” de que los agentes federales habían estado llevando a cabo “detenciones selectivas que van contra la Constitución”.
Argumentó que las autoridades no se pueden basar “únicamente” en factores como “la raza o el origen étnico”, “si hablan español o inglés con acento” o “la presencia en un lugar concreto”.
Al margen de esto, el gobierno de Trump insiste en que está dando prioridad a detener a “delincuentes violentos”, mientras ICE intenta cumplir con una cuota diaria de 3.000 detenciones.
“Los valientes hombres y mujeres de Estados Unidos están expulsando a asesinos, miembros de la banda MS-13, a pedófilos, a violadores… realmente lo peor de lo peor de las comunidades de Golden State [California]”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional en la red social X, en respuesta al fallo de la jueza Frimpong.
Llamado a la huelga
A raíz de las redadas del condado Ventura y Santa Bárbara, organizaciones de trabajadores aseguran que seguirán con las protestas en rechazo a las políticas antiinmigración e hicieron un llamado a una huelga en los campos de 16 al 18 de julio.
“Es un paro laboral para defender nuestros derechos”, dijo Lourdes Cárdenas, una activista del Valle Central de California, una de las regiones más productivas de la industria agroalimentaria del país.
“No somos delincuentes. Somos la columna vertebral de nuestro sistema alimentario y estamos cansados de que nos traten como si fuéramos desechables”, añadió la prominente activista y defensora de migrantes Flor Martínez Zaragoza.
Aunque el presidente Trump ha prometido que deportará a cientos de miles de indocumentados, también dijo el mes pasado que los trabajadores agrícolas no estarían entre sus prioridades.
Los expertos aseguran que de cortarse la fuerza laboral en los campos, donde una considerable parte de los trabajadores son indocumentados, Estados Unidos experimentaría el encarecimiento de los alimentos y un aumento de la inflación.
más del 40% de sus trabajadores no tienen papeles, según estimaciones del 2022 del Departamento de Agricultura; un porcentaje que en California alcanza el 50%, de acuerdo a una investigación de la Universidad de California, Merced.
Conforman el 4% de toda la fuerza laboral indocumentada del país, calcula el Center for Migration Studies.
