La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), a propuesta de los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este jueves una reforma parcial a la Constitución Política, la cuarta en lo que va del año, todas promovidas por el Ejecutivo.
La nueva enmienda constitucional, aprobada de forma expedita y por unanimidad de los legisladores, establece sanciones contra los servidores públicos que no hagan un manejo responsable de los fondos y bienes del Estado.
«Las y los funcionarios públicos elegidos directa e indirectamente y los nombrados por Presidencia de la República deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política y la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado», señala el texto.
El incumplimiento de esto es causal inmediata y suficiente para su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades, administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes, de acuerdo con la reforma, que tendrá que aprobarse en segunda legislatura para que entre en vigor.
«Esta modificación parcial a la Carta Magna se enmarca en la lucha permanente contra la corrupción que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para el uso eficiente y transparente de los bienes del Estado y los recursos del pueblo nicaragüense Todos contra la corrupción», indicó el Parlamento en su página web.
La nueva Procuraduría General de Justicia en Nicaragua
Durante el debate, los diputados sandinistas afirmaron que esa reforma está enmarcada en la aprobación de la nueva Procuraduría General de Justicia, creada el pasado 6 de agosto, con el fin de «combatir la corrupción».
La nueva Procuraduría General de Justicia, que ejerce la representación legal y de defensa de los intereses supremos del Estado y del pueblo nicaragüense, está integrada por todos los órganos de la actual Procuraduría General de la República, e incorporó al Ministerio Público y a «otros organismos que cumplen funciones similares para garantizar el resguardo del patrimonio nacional del Estado y el pueblo nicaragüenses».
Es la instancia encargada de resguardar el patrimonio público «y combatir con contundencia, todas las formas de despojo de las conquistas de la revolución; ejerciendo la función acusadora con rigurosidad y en representación de las víctimas del delito, incluyendo las que aquejan a toda la humanidad, como el lavado de activos, narcotráfico y el crimen organizado».
Además, identificará, perseguirá y procesará a todo responsable de actos lesivos al patrimonio económico, natural, cultural, material, político y jurídico del pueblo nicaragüense, «no permitiendo de ninguna manera el encubrimiento de intereses ajenos a nuestro pueblo, para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo.
Esa reforma parcial constitucional que crea la Procuraduría General de Justicia también tendrá que ser aprobada en segunda legislatura el próximo año para que entre en vigor.
